por Eric Correa de la Fuente*
Frente a la molestia, por parte de algunos sectores de la pesca artesanal, por los reiterados retrasos en el ingreso del anunciado proyecto de nueva ley de pesca por parte de las autoridades de gobierno, hace unos días, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, se auto impuso, nuevamente, un plazo para su presentación de 8 semanas. Pero la poca claridad frente a su presentación, no es el único reclamo, ni el más importante que la iniciativa ha debido afrontar. En efecto, ya se han alzado voces no solo provenientes de los sectores laborales vinculadas a la actividad industrial, sino que también por parte de los gremios artesanales, quienes alegan sentir que nuevamente se encuentran frente a un proyecto elaborado entre cuatro paredes.
Si bien es cierto, que durante el transcurso del año pasado, se realizaron una serie de encuentros a nivel local y regional, en que participaron no solo dirigentes, sino que también las bases de la pesca artesanal, y en menor medida la Academia, la Ciencia y las ONGs ambientales, así como finalmente la pesca industrial, la sensación mayoritaria es que se trató más bien de una instancia para validar el proceso que un verdadero procedimiento participativo. Un check list. Ello pues, los diferentes talleres se realizaron de una manera tan genérica, que terminaron transformándose en una catarsis, más que en una discusión técnico política. Ni que decir, de una negociación. Un greenwashing, se ha escuchado incluso decir en privado a representantes de instituciones dedicadas al medio ambiente. Y ello, pues es poco y nada lo que se sabe sobre el contenido del proyecto.
Frente a propuestas maximalistas – se llegó incluso a hablar de un Código de Pesca- que recuerdan peligrosamente al resultado del fracasado proyecto de Constitución, la verdad es que hasta el momento no hay luces ni siquiera generales sobre cómo se abordarán en la propuesta los diferentes temas que han generado debate a través de los años.
Lo único que ha trascendido a la opinión pública, son los contenidos expuestos por el ministro Grau en un seminario realizado en la Universidad de Chile. Sin embargo, dicha exposición, generó más dudas que certezas. Mientras el Subsecretario afirmaba en las comisiones de la Cámara y el Senado, que el texto del borrador se encontraba listo hace semanas, al menos en su parte estrictamente pesquera, según el mismo matizaba, al ministro lo traicionaba el lenguaje. Durante su exposición se pudo escuchar expresiones como «estamos pensando», «lo que estamos pensando», «vamos a buscar alguna forma», «eventualmente», «vamos a tratar de buscar un diseño», «los valores finales todavía los tenemos que definir» (esto refiriéndose a los cambios en la asignación de cuota industrial, aspecto clave en la discusión), las que precisamente no dan cuenta de un borrador consolidado. Asimismo planteó la creación de un comité científico técnico revisor cuyo objetivo no se entiende y que choca con la dificultad que ha existido en la conformación de los actuales, por lo que una instancia supra revisora huele más a regresión y control político que verdadera independencia científica.
Pues bien, frente a este, no sabemos si secretismo o derechamente falta de definiciones, surgen una serie de dudas respecto de que ocurrirá en relación a una serie de normas contempladas en la legislación actual y que de tanto en tanto han sido objeto de controversia y cuya resolución, o intento de resolución, puede dar luces de los diferentes consensos y frentes que abrirá la discusión, y con ello, de la viabilidad política para que una iniciativa, como la prometida, se concrete. Algo casi inédito en la historia legislativa pesquera, que se complica aún más con un gobierno con poco capital político en el Congreso.
Y entre esas preguntas aún sin respuesta, por nombrar las más trascendentes, y sin querer agotar con ello la lista, podemos señalar las siguientes:
La Ley de Pesca reserva para la pesca artesanal una franja del mar territorial de cinco millas marinas hasta el paralelo 43° 25′ 42″ de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas. Sin perjuicio de lo anterior, contempla un par de excepciones que permiten a la pesca industrial, operar dentro de estas 5 millas bajo determinadas condiciones. Son las llamadas “Perforaciones”. Ésta figura sólo se permite en las Regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá y Antofagasta, sobre los recursos sardina española y anchoveta; y pesca en la Región de Coquimbo, sobre los recursos camarón naylón; langostino amarillo; langostino colorado; gamba y sardina española y anchoveta y no pueden ser mayores a aquellas áreas autorizadas al 1 de enero de 2013. Su existencia obedece a criterios históricos de operación y a las especiales condiciones de los recursos involucrados en relación al fondo marino de las respectivas zonas. Por último, para su aprobación se requiere de una resolución de SUBPESCA y la intervención del respectivo Consejo Zonal de Pesca ya sea mediante informe técnico o además con acuerdo de los pescadores artesanales miembros. En su oportunidad, en base al trabajo conjunto y transversal realizado con la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, y en el marco de la Ley Corta, se patrocinó una indicación tendiente a: a) igualar los procedimientos de perforaciones de las Regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá y Antofagasta, con el existente para región de Coquimbo; b) regular dichos procedimientos de toma de decisiones en los planes de manejo elaborados en conjunto con los Comités de Manejo, precisamente la instancia asesora público privada en que los diferentes actores sectoriales participan e intervienen en la gobernanza pesquera; c) que las perforaciones puedan ser en todas o algunas de las regiones que permite la ley; y d) Mejorar el sistema de decisión profundizando la democracia interna del modelo exigiendo justamente el acuerdo de los pescadores inscritos en el Registro Pesquero Artesanal en las pesquerías involucradas para efectivamente reemplazar una decisión discrecional de la autoridad por una adoptada por los propios afectados. En la actualidad, y de conformidad con un fallo de la Corte Suprema, dicho mecanismo no ha sido implementado desde el año 2021 lo que recientemente, ante la imposibilidad de acceder a las zonas en que se encuentra el recurso objetivo, la anchoveta, llevó al cierre de operaciones de parte de la flota industrial en Arica, con el subsecuente impacto en la economía local. Pues bien, nada se sabe respecto a si dicho mecanismo será derechamente eliminado o si por el contrario se mantendrá en los mismo términos o con las modificaciones ya consensuadas en el Senado u otras que se propongan.
Lo mismo ocurre con la perforación artesanal de la primera milla del artículo 47 bis que también han sido objeto de judicialización en el presente año. Nada se ha escuchado.
En materia de arrastre, otra de las batallas dadas por el Frente Amplio durante el gobierno pasado, tampoco se ha dado luces. Recordemos que durante los dos gobiernos anteriores, se discutió respecto de la posibilidad de congelar la huella, existiendo también mociones parlamentarias tendientes a suprimirlos en algunas pesquerías, como ocurrió con la jibia, sin distinguir entre el de fondo o el de media agua. Al respecto la Ley Corta establecía una regulación sobre artes y aparejos sustentables.
Extensión de las 5 millas al sur. Al respecto, y frente a la falta de sustento técnico, se analizó la posibilidad de establecer caladeros artesanales como zonas de exclusión industrial fuera de las 5 millas. Algo se escuchó decir al Ministro, pero sin precisar si tenía la misma lógica o no.
La reciente suspensión de las caducidades artesanales, trajo sobre la mesa la necesidad de una revisión integral del registro Pesquero Artesanal. Dicha modificación por cierto requiere una definición sobre la reclasificación de la pesca artesanal, distinguiendo de entre la de pequeña escala con la flota semi industrial, tal como lo recomendó FAO en su revisión de la ley de pesca.
Respecto de la anhelada plataforma social, solo se ha escuchado hablar de un pseudo sistema de seguridad social en el marco de las relaciones contractuales que se dan al interior de la pesca artesanal. Nada se ha dicho sobre reinserción, capacitación laboral y sobre estudios para los pescadores, como asimismo becas de estudio para los hijos de dichos pescadores, como si incluía la Ley Corta.
Las cesiones entre sectores extractivos tampoco ha sido tratada. Recordemos que al respecto se trabó una amplio discusión tanto en el Senado como en la Cámara a instancias de la Ley Corta y una moción miscelánea de los diputados Brito y Ascencio en la que se debatió sobre mantener o no el sistema y sobre las excepciones que hoy contempla la ley para las regiones sur australes. Algo fundamental para Aysén que ya se ha visto en el foco de la controversia a propósito de las zonas contiguas.
Preocupante es también lo ausente que ha estado en el debate el perfeccionamiento en materia de sustentabilidad, algo que fue el eje central de la revisión de la FAO. Nada se sabe sobre la revisión de la definición del principio ecosistémico; de la revisión de competencias entre los Comités Científico Técnicos y los Comités de Manejo; y menos en materia de investigación y fortalecimiento del Ifop. Sobre estos y otros aspectos ya profundicé en otra columna durante el año pasado.
Ni que hablar de mejoras en materia de sostenibilidad económica social, respecto de lo cual se suspendió la tramitación de una moción en segundo trámite a instancias del Subsecretario. Tampoco sobre soberanía alimentaria y nutricional y fortalecimiento de la institucionalidad pública.
Por último, respecto de lo poco que se ha dicho, esto es revisión del fraccionamiento y aumento de porcentaje a licitar, no se ha explicitado si esto operará después del 2032 o antes, aspecto esencial en el debate de constitucionalidad, menos aún de los guarismos.
En definitiva, si efectivamente estamos a 8 semanas de la presentación del proyecto, las dudas sobre él son más grandes que las certezas, lo que sumado a un proyecto que ha prometido mucho pero que ingresará sin consensos mínimos, hace dudar de la viabilidad de su despacho. Es de esperar que la próxima sesión del Consejo Nacional de Pesca, a propósito de lo dispuesto en el artículo 149 c) de la ley, que tanto fue defendido por los parlamentarios que hoy pertenecen al sector oficialista casi como un requisito de validez previa para la presentación de un proyecto, sirva para aclarar si no todas, al menos algunas de estas dudas.
* Eric Correa de la Fuente es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile con 12 años de experiencia en el sector público. Su práctica se encuentra particularmente vinculado al sector pesquero y acuícola. En representación del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, le correspondió participar en la elaboración y tramitación de proyectos de ley y reglamentos, decretos y resoluciones, comisiones, mesas de trabajo público privadas y foros vinculados a pesca y acuicultura, borde costero, espacio costero marino para pueblos originarios, política oceánica, ecosistemas marinos vulnerables, transporte y regulación marítima entre otros. Se ha desempeñado como Consejero y Vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). ericcorreadelafuente@gmail.com