Por Juan Carlos Garrido
La semana recién pasada escuchamos al ministro Grau anunciar los principales ejes y piedras angulares de la nueva ley de pesca, en un seminario organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y que entre sus expositores expertos se reconoció abiertamente el financiamiento de Lota Protein.
Estas líneas generales, presentadas por el ministro, no hace más que generar un manto de incertidumbre respecto del punto más valioso que debiese tener una normativa como ésta, la cual es generar certezas jurídicas y marcos claros, para poder desarrollar inversiones y planificaciones a mediano y largo plazo, que permitan finalmente desarrollar de una manera más adecuada el sector pesquero artesanal.
Sin embargo, nos asaltan muchas dudas respecto a la intención y la manera en que se está llevando a cabo este proceso. Por ejemplo, se ha puesto hincapié en qué esta nueva ley – que dicho sea de paso tengo la impresión de que va a hacer una modificación de la ley original y no una nueva norma – va a modificar sustantivamente el fraccionamiento de los principales recursos pesqueros del país. Pero de punto no es materia de ley, sino que se determina a través de un decreto exento del mismo ministro, por lo tanto, nos cabe preguntar si no será una moneda de cambio para poder aprobar la normativa en su conjunto.
Por otro lado, existe una contradicción vital en lo que se refiere a la participación de la industria dentro de la actividad productiva, ya que, al aumentar el porcentaje de pesca licitada, se podría dar el sin sentido que sean capitales extranjeros y no chilenos quienes terminen manejando las pesquerías de nuestro país. Si eso no es perder soberanía, no sé cómo lo podríamos definir.
Hay que considerar, por ejemplo, que los efectos de la ley de la jibia han sido derechamente negativos para el sector tanto artesanal como industrial, quedando a las puertas de una disminución en la asignación de cuota por OROP-PS.
Además de ello, junto con no cumplir con los plazos auto establecidos – se anunció la ley para enero luego para marzo, abril, mayo, para la cuenta pública del presidente el 1 de junio y finalmente hoy se indica que estará antes de fines de ese último mes – se percibe una falta de líneas claras y de posturas de políticas públicas, en temas pesqueros, que preocupa de sobremanera a todos los sectores.
Finalmente, tenemos claro que el borrador de la nueva ley tendrá que salir en algún minuto y será en el parlamento donde se darán las más amplias discusiones, donde se tendrá que discutir artículo por artículo la pertinencia de cada modificación y donde esperamos se escuchan los actores realmente involucrados y no a aquellos que tienen una visión sesgada del sector pesquero artesanal. Es esta incertidumbre la que nos llena de temores y la que nos hace ponernos en estado de alerta, a fin de generar la masa crítica necesaria para que nuestro sector puede ser escuchado de manera seria, consistente, y no a través de mesas de diálogo que finalmente llevan a meras catarsis colectivas, que se plasman en actas en las cual, estamos todos de acuerdo, pero que finalmente a la norma final no llega absolutamente nada.
Son muchas las interrogantes que se podrían plantear hoy en día, ¿requerirá la ley consulta indígena? ¿Se incorporarán en plenitud las sugerencias de la FAO? ¿Se incorporará el fraccionamiento y distribución en la ley de pesca? ¿Se considerará la historia de aquellos que han ejercido el esfuerzo de pesca durante los últimos 30 años en la asignación de estos derechos? entre tantas otras.
Son muchas las preguntas sin respuesta, pero tenemos claro que cuando se presente la ley muchas de ellas nos podrán sorprender, pero sin duda lo que más aporta al tenso ambiente que rodea hoy la creación de este cuerpo normativo, es el oscurantismo en el cual se ha redactado, es la incongruencia del discurso que por un lado habla de fomentar la actividad económica y por otro lado la exacerbación del conservacionismo como piedra angular en manejo pesquero.
Es entonces la incertidumbre y la falta de consistencia el principal enemigo de la nueva ley de pesca.
* Juan Carlos Garrido es actualmente dirigente del sector pesquero artesanal, miembro del consejo zonal de pesca de las regiones de Ñuble y Biobío, ex miembro del consejo nacional de pesca y del comité de manejo de sardina y anchoveta de la macrozona centro-sur, así como fundador de diversas agrupaciones del sector pesquero artesanal.